• La procuradora de Ciudadanos por Ávila recuerda que hasta el 25 de junio está abierto el proceso de participación ciudadana en el anteproyecto de ley.

La procuradora abulense de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Inmaculada Gómez, ha puesto en valor la apertura del proceso de participación ciudadana en el anteproyecto de una nueva ley de transparencia para la Comunidad. Gómez ha recordado que “es uno de los principales compromisos políticos para la presente legislatura, una ley que plantea una verdadera política de transparencia con la que seguir fortaleciendo la democracia y el funcionamiento de las instituciones, mejorar la vida de los ciudadanos e impulsar el crecimiento y el desarrollo de Castilla y León”.

La procuradora abulense ha invitado a los abulenses a participar en el foro habilitado en el Portal del Gobierno Abierto hasta el próximo 25 de junio para poder conocer el texto propuesto e incorporar sugerencias al anteproyecto de la nueva ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización.

Como ha defendido el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la regeneración democrática y la mejora de la eficiencia administrativa encarnan a la perfección los objetivos que queremos alcanzar en la gestión pública de Castilla y León durante estos cuatro años de legislatura”, ha recalcado Inmaculada Gómez.
Tal y como se ha informado desde la Consejería de Transparencia, el texto del anteproyecto de ley contiene 64 artículos divididos en seis títulos que se centran, respectivamente, en la publicidad activa, el acceso a la información pública, la reutilización de la información pública, el régimen sancionador, la evaluación y el Comisionado y Comisión de Transparencia.

Once disposiciones adicionales recogen otras cuestiones de interés, tales como la colaboración de las diputaciones provinciales –que prestarán la asistencia necesaria a los municipios y demás entidades locales para el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley-, la creación de unidades de transparencia en los centros directivos de la Administración autonómica, o la introducción de contenidos de transparencia en programas de acceso a la función pública, en la formación de empleados públicos y en distintos niveles de la educación.

El fomento de la participación ciudadana mediante un mejor acceso a la información -lo que facilitará una mayor presencia activa y responsable de la sociedad en los asuntos colectivos- o la mejora de la eficiencia en la gestión pública son otros objetivos que se pretenden con la nueva norma. Entre las novedades que muestra el anteproyecto de ley consta la introducción de un régimen sancionador.