• El portavoz en la Diputación de Ávila lamenta que se rompa el consenso sobre el municipalismo con “este acuerdo claramente confiscatorio”.
  • “Supone la peor de las noticias para los ayuntamientos, cuando nos encontramos a las puertas de una nueva crisis económica”, ha subrayado.

El Grupo Provincial de Ciudadanos en la Diputación de Ávila ha denunciado la incoherencia del PSOE tras aprobar en solitario el acuerdo entre el Gobierno de la nación y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que permite a Moncloa hacer uso de los remanentes de tesorería de ayuntamientos y diputaciones. El portavoz de Ciudadanos en la Institución provincial, Pedro Cabrero, ha lamentado que “este acuerdo, claramente confiscatorio y que rompe el consenso con el municipalismo con una política económica que pretende expropiar las arcas municipales, es la peor de las noticias para los ayuntamientos cuando nos encontramos a las puertas de una nueva crisis económica”.

Cabrero ha lamentado que “esta obra de ingeniería fiscal en beneficio del Gobierno coarta la capacidad de maniobra de nuestros ayuntamientos ante un escenario económico complicado”. Asimismo, ha pedido al PSOE que “explique ahora cómo piensa defender el municipalismo, cuando está atentando claramente contra uno de sus pilares básicos y metiendo la mano directamente en las arcas municipales”.

A su juicio, en una situación de extrema gravedad como la que estamos viviendo, “debería propiciarse una reforma legislativa con carácter inmediato para que se pudieran accionar todos los resortes financieros de las entidades locales, para que el uso de los remanentes de tesorería no compute en las reglas de gastos y de estabilidad presupuestaria”.

Este acuerdo, que rechazaron Cs, JxCat y PP y que ni siquiera contó con el apoyo de sus socios de coalición, IU-Podemos, que se abstuvieron; pretende dar liquidez al Ejecutivo central a costa de las entidades locales y provinciales que han hecho sus deberes. Una cantidad que se estima en 14.000 millones de euros.

En un nuevo ejercicio de ‘ingeniería fiscal’, los ayuntamientos y diputaciones que decidan voluntariamente acogerse a este plan entregarán su superávit – en Castilla y León esta cifra alcanza los 1.279 millones de euros – a cambio de poder acceder a un fondo con hasta 5.000 millones de euros para destinarlo a tres áreas actuación: agenda urbana y movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura. Para recuperarlo, si las circunstancias lo permiten, en al menos una década.

Sin embargo, obvia algunos sectores como la industria u otros relacionados con la generación de riqueza, tan necesarios a las puertas de una crisis socioeconómica fruto de la pandemia y, sobre todo, limita la capacidad de reacción de la administración más cercana a los ciudadanos.