Una sentencia judicial obliga al Ayuntamiento a abonar más de 10.000€ a una funcionaria por desempeñar trabajos superiores a su categoría laboral

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ávila, Marco Antonio Serrano, ha pedido hoy a los tenientes de alcalde de Recursos Humanos de la anterior y la actual Corporación Municipal que asuman su “responsabilidad política” derivada de la sentencia judicial que condena al Ayuntamiento a pagar a una funcionaria 10.158.76 euros más intereses, por no remunerar correctamente el trabajo desempeñado en el Servicio de Gestión Tributaria.

A juicio de Marco Antonio Serrano, esta sentencia, “que es la primera de muchas que llegarán a raíz de este fallo judicial, es una muestra más del caos en cuanto a la organización de la plantilla municipal que rige las actuaciones del PP, y que en buena parte viene heredada del anterior Equipo de Gobierno”. En este sentido, el portavoz de Ciudadanos ha exigido “responsabilidades políticas” al actual responsable de Recursos Humanos, Rubén Serrano, y a su predecesor en el cargo, José Francisco Hernández Herrero, “por esta nefasta gestión del personal y el coste directo que tiene en las arcas municipales, es decir, en el bolsillo de todos los abulenses”.

Según consta en la sentencia, que se ha dado a conocer hoy en la Junta de Gobierno Local, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ávila considera “contraria y no ajustada a derecho” la decisión del Ayuntamiento de no remunerar de forma correcta los trabajos de la categoría de auxiliar desempeñados por una auxiliar administrativo del Servicio de Gestión Tributaria desde enero de 2013 hasta diciembre de 2016, aplicando el silencio administrativo a la petición formal de la funcionaria.

“Y es que ha quedado probado en autos que la recurrente ha venido desempeñando de hecho un puesto de trabajo de superior categoría además del suyo propio, por lo que habrá que retribuirle con las retribuciones propias del puesto desempeñado en igualdad de condiciones con los funcionarios que desempeñen las mismas funciones, con independencia de la escala o grupo funcionarial al que pertenezca”, recoge literalmente la sentencia.

Así, se reconoce a la funcionaria su derecho a percibir la diferencia retributiva entre la cuantía abonada por el complemento específico y el de destino, referido a catorce mensualidades, y la que debiera haberle sido abonada por el desempeño de funciones que superan las que tenía su puesto de trabajo como auxiliar administrativo, lo que supone 10.158,76 euros más los intereses. También se impone al Consistorio el abono de las costas procesales.